El pasado 29 de Enero se aprobó la reforma al sistema de pensiones, que introduce cambios significativos en la estructura previsional del país. La reforma realiza cambios en la estructura de las cuentas individuales y crea un Seguro Social. Esto permite que el sistema de pensiones deje de depender únicamente de las AFP, abriendo el sistema a nuevos inversores y a que un ente público, como el IPS, pueda entregar funciones de soporte.
Una vez revisada por el Tribunal Constitucional, se espera que la reforma entre en vigencia en Marzo de este año, implementando varias de sus disposiciones de forma gradual.
Actualmente, los trabajadores aportan el 10% de su sueldo a su cuenta individual de pensiones. Con la nueva reforma se sumará un nuevo aporte del 7% a costas del empleador. Este aporte se suma al 1,5% que ya aportan al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), alcanzando un aporte extra total de 8,5%.
Esta cotización extra se aplicará de manera gradual en un periodo de nueve a once años.
Del total de este porcentaje una parte irá directamente a la cuenta de ahorro individual del trabajador (4,5%), mientras que el otro 4% se destinará a un Seguro Social.
Este fondo tendrá varios propósitos, entre ellos cubrir el SIS, financiar la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres, y compensar a quienes han cotizado por años pero reciben montos bajos.
Préstamo que darán los cotizantes al Seguro Social
Uno de los puntos más controversiales de la reforma, es el 1,5% destinado a Seguro Social, el cual se considerará como un "préstamo" que los trabajadores hacen al sistema.
Ese dinero se acumula en bonos y devuelve cuando la persona jubila. A esto se le conoce como cotización de rentabilidad protegida, con el que se financiará el beneficio por año cotizado. ¿Cómo funciona esto?
Durante la vida laboral:
Cada mes, en lugar de destinarse directamente a la cuenta individual del trabajador, el 1,5% de la cotización se utiliza para el Seguro Social. A cambio, se emiten pequeños bonos a nombre de cada trabajador, los cuales posteriormente se agrupan en un “macro bono”. Según explicó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, estos bonos se almacenan en el Depósito Central de Valores (DCV), asegurando que están contabilizados y supervisados para garantizar que los fondos continúan siendo propiedad de cada persona.
Cuando la persona se jubila:
Se crea un nuevo instrumento financiero denominado “bono amortizable”, el cual puede ser vendido o negociado en el mercado. Este bono es entregado a la AFP o aseguradora encargada de pagar la pensión, quienes pueden optar por venderlo o mantenerlo en su portafolio como un activo seguro. Dado que está respaldado por el Estado, garantiza pagos mensuales durante un período de 20 años. De esta manera, el dinero que el trabajador aportó al sistema se devuelve gradualmente en forma de pensión.
El objetivo a corto plazo es que este 1,5% contribuya a mejorar las pensiones actuales, asegurando al mismo tiempo que los trabajadores recuperarán esos fondos al momento de jubilarse. Además, este mecanismo fortalece la estabilidad del sistema previsional, ya que los bonos son instrumentos financieros sólidos y regulados.
Medidas para reducir la brecha de género en pensiones
Una de las principales críticas al sistema actual es la diferencia en las pensiones entre hombres y mujeres. Esta brecha se debe a diversos factores, como la edad de jubilación más temprana para las mujeres, una mayor esperanza de vida, menor cantidad de años cotizados en promedio y una mayor presencia en empleos con salarios más bajos.
Para abordar esta diferencia, se implementarán dos ajustes en el cálculo de las pensiones:
Aporte por año cotizado: Se otorgará un monto adicional por cada año cotizado, con un límite de 25 años. Para acceder a este ajuste, las mujeres deberán haber cotizado al menos 10 años en una primera etapa, aumentando el requisito a 15 años después de una década. En el caso de los hombres, el mínimo exigido será de 20 años cotizados.
Ajuste por expectativa de vida: Dado que las mujeres, en promedio, viven más tiempo y jubilan antes, sus fondos se distribuyen en un período más extenso, lo que impacta el monto mensual recibido. Para compensar esta diferencia, el Estado añadirá un ajuste a las pensiones de las mujeres con el objetivo de equiparar los montos respecto a quienes tienen los mismos ahorros pero una menor expectativa de vida.
Estos cambios buscan modificar la distribución de los fondos previsionales dentro del sistema, con el propósito de reducir la diferencia en las pensiones entre géneros sin alterar los requisitos generales de cotización.
Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
Otro cambio que incluye en la reforma, es el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsada por el Gobierno de Sebastian Piñera, el cual subirá a $250.000 mensuales. Este incremento no será inmediato, sino que se implementará de manera gradual.
Primero lo recibirán los mayores de 82 años en un plazo de 6 meses, luego los mayores de 75 en un plazo de 18 meses y, finalmente, en un plazo de 30 meses, llegará a quienes tengan 65 años o más.
También se incluirán personas que reciben pensiones especiales, como exonerados políticos y beneficiarios de las leyes Valech y Rettig.
Cambios en las AFP y los fondos de inversión
Otra de las modificaciones relevantes en la reforma previsional es el cambio en el funcionamiento de las AFP y los fondos de pensiones.
Actualmente, los afiliados pueden elegir entre cinco multifondos (A, B, C, D y E), según el nivel de riesgo que prefieran asumir. Sin embargo, con la reforma, este sistema será reemplazado por fondos generacionales, donde la estrategia de inversión se ajustará automáticamente según la edad del trabajador. En este nuevo esquema, los afiliados más jóvenes asumirán mayores niveles de riesgo con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad a largo plazo, mientras que quienes estén próximos a jubilar tendrán inversiones más conservadoras para minimizar fluctuaciones en sus ahorros.
Adicionalmente, se incorporará un sistema de licitaciones para incentivar la competencia entre las AFP. Cada dos años, un 10% de los afiliados será reasignado de manera aleatoria a la AFP que cobre la menor comisión, lo que podría reducir los costos para los trabajadores. Solo podrán participar en estas licitaciones aquellas administradoras que concentren menos del 25% del total de afiliados del sistema.
Estos cambios buscan modificar la forma en que se administran los fondos de pensiones, ajustando las estrategias de inversión y promoviendo una mayor competencia entre las administradoras de fondos.
Ejemplos prácticos
A continuación vamos a realizar algunos ejemplos prácticos proporcionados por el Gobierno sobre cómo incluiría la reforma tributario en las pensiones de afiliados si ya están pensionados o se jubilaran este 2025. Esto, considerando que tengan 82 años cumplidos en algún momento este año para alcanzar la PGU de 250 mil pesos.
Caso 1: Mujer con 10 años de cotización
Con reforma recibiría una pensión de $370.766 pesos, la que comprendería su pensión autofinanciada de $72.740, la compensación de mujeres que le sumaría $9.604, la compensación por años cotizados, que sería $38.417, y la PGU de 250 mil pesos.
En tanto, sin reforma, esta sería de $287.041 pesos. Considerando que la pensión autofinanciada sería $72.740, más una PGU de $214.296 pesos.
Caso 2: Hombre de 20 años de cotización
Con reforma recibiría una pensión de $476.622 pesos, la que comprendería su pensión autofinanciada de $149.789, la compensación por años cotizados, que sería $76.833, y la PGU de 250 mil pesos.
En tanto, sin reforma, esta sería de $364.085 pesos. Considerando que la pensión autofinanciada sería $149.789, más una PGU de 214.296 pesos.
Caso 3: Mujer con 20 años de cotización
Con reforma recibiría una pensión de $484.281 pesos, la que comprendería su pensión autofinanciada de $145.490, la compensación de mujeres que le sumaría $11.958, la compensación por años cotizados, que sería $76.833, y la PGU de 250 mil pesos.
En tanto, sin reforma, esta sería de $359.786 pesos. Considerando que la pensión autofinanciada sería $145.490, más una PGU de $214.296 pesos.
Referencias:
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